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La inamovilidad de los Ministros de la Corte Suprema de Justicia

tadeo_zarrateaPor Tadeo Zarratea (*)

En esta serie de notas sostengo el criterio de que el régimen de inamovilidad de los Ministros de la Corte Suprema de Justicia es exactamente igual al de los magistrados en general. Esta advertencia anticipada es para que no pierdan su tiempo aquellos que no quieren entender así esta cuestión, y la hago por dos razones: porque valoro el tiempo de la gente y porque establecer un diálogo científico en el Paraguay es casi imposible. Aquí nadie se apea de sus ideas preconcebidas “por una cuestión de honor”. De modo que, amigo lector, usted seguirá leyéndome porque le gusta esta interpretación o porque todavía no ha tomado posición al respecto. En el primer caso, esta serie de artículos fortalecerá su criterio, y en el segundo, es muy posible que termine compartiendo mi opinión. Y este argumento “in personae” que por delante esgrimo, todavía es importante en el Paraguay: alguna autoridad tengo para opinar sobre este tema porque participé de la redacción de la Constitución Nacional como Convencional Constituyente y redacté con mis propias manos la ley Nº 609/95, “Que organiza la Corte Suprema de Justicia”, en calidad de Senador de la Nación y Miembro Secretario de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, entonces bajo la presidencia del Senador Rodrigo Campos Cervera.
Debo destacar en primerísimo lugar que la teoría de que los Ministros de la Corte son inamovibles desde el momento mismo de su nombramiento como tal, me ha sorprendido y me sorprende cada día más. En segundo lugar le aseguro, amigo lector, que esa idea jamás estuvo en la intención de la mayoría de los convencionales y senadores de aquellos tiempos. No obstante, admito que el texto de la Constitución no es lo suficientemente diáfano y contundente como debió ser, y como debe ser todo texto legal en este país donde todo se bastardea del modo más miserable. Pero estoy seguro de que el texto constitucional no registra anomia ni antinomia, laguna ni contradicción, y que es suficientemente claro para el régimen establecido. En tercer lugar advierto que la teoría de la inamovilidad inmediata fue engendrada en la misma Corte, por sus propios miembros y no precisamente por razones institucionales. Yo la respetaría si no conllevara este vicio de origen.
La Constitución del 92.
Para mí la Constitución del 92 no es una constitución cualquiera. Es el producto del primer gran diálogo entre paraguayos, instalado sobre las cenizas de una cruel dictadura que ha dañado a todos los partidos políticos y a toda la civilidad. Allí nos conocimos y nos hermanamos gente de todos los partidos y movimientos sociales. Todos aportamos nuestras mejores intenciones, sin prejuicios ni rencores, para establecer por fin un Estado de Derecho, democrático, liberal y socialmente progresista, sobre los irreductibles principios republicanos, con el fin de asegurar los derechos y las libertades ciudadanas después de tantas violaciones. Por eso es que agravia a mi conciencia que una Constitución nacida de esa fragua del republicanismo paraguayo sea interpretada con criterio antirrepublicano. Y, para quienes nada saben de las ideas republicanas aclaro que en una República no pueden existir cargos vitalicios, perpetuos ni hereditarios; no hay fueros de sangre ni de nacimiento, ni títulos de nobleza. Todos los ciudadanos somos iguales entre sí y todos los funcionarios son nombrados por tiempo determinado. Todos están al servicio del pueblo en general y del ciudadano elector y contribuyente en particular. Los fueros dados a los magistrados de los tres poderes no son personales; son funcionales; resguardan el cargo, no a la persona. El título de Senador Vitalicio dado a los ex Presidentes de la República es meramente honorífico. Los Senadores con poder real son sólo 45. Ningún Presidente, ningún Senador, ningún Diputado, ningún Ministro de Corte puede durar en sus funciones más de cinco años sin volver a someterse al mismo procedimiento inicial que le llevó al cargo. Al Presidente de la República la Constitución le prohíbe expresamente prolongar su mandato por un sólo día y, en caso de no ser proclamado aún el sucesor electo en los comicios, le exige la entrega inmediata del mando al Presidente de la Corte Suprema de Justicia (art. 231 C.N.). Tampoco las Cámaras del Congreso pueden permitir que un Congresista con mandato vencido siga discutiendo con ellos, asuntos oficiales y en sede parlamentaria. Pero un día amanecimos con que los Ministros de la Corte Suprema sí, lo pueden, y que el caso tiene todo el respaldo de la Constitución Nacional. ¿De dónde sale el privilegio? Acaso la Constitución Nacional no tiene claramente establecido que: “(…) El gobierno es ejercido por los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial en un sistema de independencia, equilibrio, coordinación y recíproco control. Ninguno de estos poderes puede atribuirse, ni otorgar a otro ni a persona alguna, individual o colectiva, facultades extraordinarias o la suma del Poder Público. La dictadura está fuera de la ley” (art. 3 C.N.). Tengo entendido que el pretendido privilegio auto atribuido a través de facultades extraordinarias tiene origen real en intereses creados y origen jurídico formal en una lectura descontextualizada del artículo 261 de la Constitución Nacional. Lamentablemente hay juristas que bastardean la hermenéutica constitucional interpretando cada artículo por separado en vez de realizar la integración de los artículos constitucionales que se corresponden en razón de que todas esas normas son iguales en cuando a su rango axiológico. Pero lo exégetas de la teoría nueva pasan por alto este importante artículo y varios otros que en su conjunto vienen a dar la solución, a mi juicio, correcta. [Serie de 8 artículos. Lea los siguientes dándole clic a los números romanos IIIIIIVVVIVII yVIII].
Descargar la serie completa dando clic aquí.
(*) Juez en lo Laboral.
 

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