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El Servicio Civil en cuestion...

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“En la administración pública, el abandono de la carrera administrativa… ha convertido desde los ministros hasta los jefecillos y jefecillas de ínfimo nivel en propietarios de los empleos que pueden dar o quitar llevados de su afinidad política, antojo, predilección o conveniencia monetaria, empujando a los trabajadores que dependen de ellos a vivir en el temor permanente, a callar o a romper la barrera de la dignidad.

…Con tales contratos se evade la legislación laboral que por la constitución debe serles aplicable a servidores públicos. Las causas: pagar remuneraciones muy elevadas a ciertos grupos de empleados; pagar remuneraciones inferiores a los mínimos legales a otros grupos muy numerosos: maestros, enfermeros y ayudantes, y ciertos empleados administrativos; emplear a pensionistas; evitar la sindicación; despedir a voluntad; ejercer una autoridad arbitraria sobre los empleados, pero, sobre todo, designar para los empleos públicos a  los miembros o simpatizantes de los partidos o grupos políticos llegados al poder”.

“Desde el 05 de abril de 1992, fecha del golpe de estado de Fujimori en el Perú, comenzó a intensificarse la flexibilidad de la normativa laboral por obra de ciertos abogados y otros profesionales, dedicados al asesoramiento de empresarios, actuando desde los órganos del Estado que pasaron a integrar. Por lo tanto, la doctrina proempresarial justificatoria de la flexibilidad fue acogida, como un personaje exclusivo y excluyente, en los medios de comunicación social, a cargo de determinados empresarios. Sintiéndose libres de hacer lo que les viniese en gana y ya volatizados sus últimos reparos, esos profesionales se lanzaron a recomendar a sus patrocinados , tanto en el sector privado como en el público, a cambio de cuantiosos honorarios obviamente, el sometimiento de los trabajadores a contratos de locación de servicios siendo la relación de naturaleza laboral, la imposición de trabajo en tiempo extraordinario no pagado, haciendo desaparecer los controles de ingreso y de salida del trabajador, el uso de contratos modales para el ejercicio de actividades que por su naturaleza son permanentes, la reducción de las remuneraciones con la amenaza del despido, los despidos arbitrarios, el despido de los trabajadores sindicalizados, etc., actitudes acogidas como válidas por la mayor parte de magistrados judiciales. Es decir, la doctrina, o por mejor decirlo, su doctrina, fue para esos profesionales como un trampolín desde el cual se zambullirían, desdeñosos, altaneros y sonrientes, en el foso de la inmoralidad”.

 

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